El límite a las rentas en las zonas tensionadas (22%) y la inseguridad jurídica (66,3%) derivados de la nueva Ley de Vivienda podrían llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler y buscar otras opciones de negocio.

Esto supondría la desaparición del mercado de más 108.500 viviendas que actualmente están alquiladas, o lo que es lo mismo, la oferta se reduciría un 11,7% en España, un país con una oferta de pisos de alquiler cada vez más escasa.

Por detrás de estos dos motivos principales, encontramos una tercera causa, la actualización de las rentas por debajo del IPC, un tema que preocupa a un 11,8% de los propietarios que tienen actualmente una vivienda arrendada.

Una vez finalizado el contrato de alquiler vigente, un 7,7% de los propietarios se plantea la venta de la vivienda, mientras que un 4% baraja otras opciones como, por ejemplo, el arrendamiento para uso distinto al de vivienda (esto puede ser el alquiler turístico o el alquiler de temporada, inferior a 11 meses).

Si miramos las dos grandes capitales, en la ciudad de Barcelona, la oferta de alquiler se vería reducida un 12,6% (24.090 inmuebles menos) y en Madrid, un 11,3% (43.113 inmuebles menos). Otras poblaciones con datos de descensos importantes son Toledo (-17%), Guadalajara (-16,4%), Santa Coloma de Gramanet (-16%) y Málaga (-13,5%). Es destacable la disminución de más de 4.819 viviendas de alquiler en la capital de la Costa del Sol.

Las zonas más afectadas serían el Eixample barcelonés, con una bajada de la oferta de más del 16%, y el centro de Madrid, con una reducción del 14,6%. A los propietarios con inmuebles en alquiler en la ciudad de Madrid, lo que más les preocupa es la inseguridad jurídica (70,9%) derivada de la nueva Ley de Vivienda; en Barcelona, el límite a las rentas en las zonas tensionadas (63%).

Otras limitaciones al precio del alquiler que establece la legislación son:

Beneficios fiscales o urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido.
Declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción del alquiler.
A partir de 2025, nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento en sustitución del IPC que evite incrementos desproporcionados en las rentas.
En las zonas declaradas como tensionadas, la norma prevé la posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato en curso. En nuevos contratos a nuevos inquilinos, la ley permite la limitación del alquiler a la renta del contrato anterior, así como la posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos cinco años. Asimismo, se establece la posibilidad de aprobar sistemas de índices de precios de referencia por ámbitos territoriales estableciendo una base de datos de contratos de alquiler para realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.